El presidente Evo Morales acusó a algunos comunarios de los ayllus de Uncía, que lincharon y ahora no quieren devolver los cadáveres de los cuatro policías de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de Oruro, de estar manipulados por contrabandistas y descartó una posible intervención militar o policial en esa región de norte Potosí.

“El Gobierno siempre busca mediante el diálogo resolver los problemas, es lamentable y repudiable lo que pasó en Uncía, pero no son todos los ayllus (los que ejecutaron a los efectivos el pasado 23 de mayo), sino alguna gente usada por los contrabandistas”, manifestó Morales.

Afirmó que tiene información de que sólo algunos grupos de los ayllus de Uncía no quieren devolver los cuerpos de los policías linchados y que pese a ello el Gobierno no buscará ninguna intervención militar, ni policial.

“Confío que por cuestiones familiares y humanitarias devolverán los cadáveres”, agregó el Primer Mandatario del Estado Plurinacional, en una conferencia de prensa realizada en el Palacio de Gobierno.

Señaló que el Ministerio Público debería empezar a investigar de oficio lo que pasó en Uncía debido a que se trata de la pérdida de vidas humanas, al igual que la presencia sospechosa de un grupo de efectivos en esa región que no son del Control Operativo Aduanero (COA).

Boca abajo

Los cadáveres de cuatro policías torturados y linchados por indígenas del suroeste de Bolivia fueron enterrados boca abajo, para, según sus creencias, evitar que sus almas "persigan" a quienes les asesinaron, informó el Defensor del Pueblo, Rolando Villena.

Villena, quien estuvo en los últimos días en el lugar del crimen, declaró que los indígenas, de acuerdo con sus creencias, enterraron los cadáveres boca abajo "para que el alma de los que han sido victimados no persiga a quienes los han victimado".

"Las comunidades han admitido que hicieron justicia con sus manos. Tras haberlos torturado de la manera más cruel, los victimaron, pero no fueron quemados", dijo el Defensor.

Los indígenas del pueblo de Uncía, en el norte del departamento de Potosí (suroeste), asesinaron hace nueve días a los policías tras acusarlos de supuestos homicidios, robos y extorsiones.

La Policía y el Ministerio Público no han podido ingresar desde entonces a Uncía para recuperar los cuerpos, ya que los "ayllus" declararon "zona roja" la región. El presidente Morales, envió el lunes a sus ministros de la Presidencia, Óscar Coca, y Gobierno (Interior), Sacha Llorenti, a negociar con los indígenas para pedirles que devuelvan los cadáveres.

La negociación se suspendió sin éxito, ni fecha de reanudación, ante la negativa de los indígenas a entregar los cuerpos, aunque luego acordaron que cada ayllu volverá a analizar la petición.

Villena cree que la devolución de los cadáveres será un asunto "complicado" por la concepción indígena "sobre la vida misma".

Recordó que los ayllus se niegan a la investigación de las muertes de los agentes y que, por el contrario, han exigido que se investiguen los presuntos asesinatos de siete indígenas, cometidos -según ellos- en los últimos seis años por policías.

Familiares

Los familiares de los cuatro policías que fueron linchados por comunarios de los ayllus karacha, laimes, pukaras y aymayas cercanos a la ciudad de Uncía, dejaron este martes en manos de la Iglesia católica el rescate de los cadáveres.

Manifestaron que tomaron esta decisión ante la falta de respuesta del Gobierno. Por su parte, los comunarios analizaron ayer el pedido del Gobierno.